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EL PODER DE HACER Y DE CAMBIAR

MONCADA

El mérito de la institucionalidad clásica es su universalidad y su continuidad. El Parlamento Británico funciona desde el siglo XIII, y excepto el interregno de la ocupación nazi y las dictaduras en España, Portugal y Grecia, en Europa Occidental el ordenamiento liberal convive con la monarquía y república, el capitalismo, y el socialismo. Su núcleo es el estado, uno de los más elaborados productos de la cultura universal y la expresión más acabada del poder.

De un modo u otro, con más o menos eficiencia, todos los países del mundo, excepto las monarquías del Oriente Medio, son regidos por constituciones, se efectúan elecciones, funcionan los parlamentos y, aunque en algunos casos sea algo ceremonial, nominalmente se acata la separación de los poderes del estado, y se asumen como válidas las categorías democracia y estado de derecho.

En busca de un símil que fuera capaz de expresar la magnitud del poder del estado, explicaba a los estudiantes que se trata de la creación humana que más se asemeja a Dios, que es todopoderoso, omnisciente, y posee el don de la ubicuidad.

El estado lo puede todo porque hace las reglas de convivencia, dicta las leyes, y administra los fondos públicos; es la única entidad facultada para usar la fuerza, hacer la guerra y, sobre la base de la ley, privar de la libertad, incluso disponer de la vida de las personas. El estado está en todas partes y lo sabe todo.

Para evitar que tan enorme poder se concentre en las mismas personas, los tratadistas y filósofos de la ilustración concibieron instrumentos como la soberanía popular, las constituciones, la separación de los poderes, y los mecanismos de control jurídico y social.

Según esa doctrina, el soberano no es el rey, el presidente, ni el primer ministro, sino el pueblo, en cuyo nombre, representantes electos, legislan, gobiernan y administran la justicia. Aunque por razones culturales, filosóficas o políticas, en diversos países, la democracia es apreciada de maneras diversas, la esencia es la misma.

Teóricamente la constitución y las elecciones aseguran la legitimidad de los poderes del estado, la separación promueve su ejercicio colegiado, mientras la existencia de un sistema judicial independiente, asegura el control sobre el funcionamiento de todo el sistema, incluidos parlamentarios, gobernantes, instituciones y ciudadanos, y lo hacen funcionar conforme a derecho.

En la medida en que el estado se constituye y funciona sobre estas bases es más fuerte, mejor acatado, y más capaz de cumplir la misión de asegurar el bien común. Un estado así es capaz de actuar como árbitro entre los actores sociales, y de promover su desempeño, como ocurre con la sociedad civil, la iniciativa ciudadana, y el pleno ejercicio de los derechos y deberes de instituciones y ciudadanos.

El hecho de que estos preceptos no se hayan realizado plenamente en ninguna parte, y estén cooptados por la existencia de las clases sociales y por poderes fácticos, entre ellos la riqueza, no los invalida, sino que los convierte en una meta compartida, que toda la humanidad persigue y perfecciona constantemente.

En Cuba transcurre un proceso de revisión de la gestión del poder y los asuntos públicos, que comienza por la actualización del modelo económico, no obstante, la estructura, funciones, y el papel del estado, y otras entidades políticas, están requeridas de una atenta mirada crítica por parte de las instituciones y la sociedad.

Tan grande es el poder del estado, que no solo es capaz de cambiarlo todo, sino incluso de transformarse a sí mismo. Aplazar ese cometido no aporta soluciones, sino que añade dificultades. Allá nos vemos.

La Habana, 24 de octubre de 2015

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